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Desde
la revolución industrial, el desarrollo
económico ha ido de la mano del aumento del consumo
de combustibles
fósiles, pues las fábricas, las centrales
eléctricas, los vehículos automotores y los
hogares queman cada vez más y más carbón,
petróleo y gas natural. Las consiguientes emisiones
de dióxido de carbono (CO2) se han convertido en
la principal fuente de gases
de efecto invernadero , es decir, los gases que atrapan
la radiación infrarroja de la Tierra dentro de la
atmósfera y crean el peligro de que aumente la temperatura
mundial. Como los ecosistemas de la Tierra son tan complejos,
se desconoce el momento exacto y el grado en que las actividades
económicas del hombre modificarán el clima
del planeta, pero muchos científicos consideran que
ya se observan algunos cambios.
Según
el informe publicado en 1995 por el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre Cambios Climáticos, si se mantiene
la evolución actual de las emisiones de gases de
efecto invernadero, para el año 2100 la temperatura
mundial media podría aumentar 1,0-3,5 grados y el
nivel del mar podría subir entre 15 y 95 centímetros.
Aunque estos cambios pueden parecer menores, podrían
acarrear una multiplicidad de consecuencias perjudiciales,
así como algunos beneficios inciertos. Los bosques
y otros ecosistemas que no logren adaptarse a la variación
de la temperatura y la distribución de las precipitaciones,
por ejemplo, pueden resultar afectados. Es probable que
también el hombre sufra las consecuencias, y la población
de los países pobres puede ser la más afectada,
al estar menos preparada para enfrentar los cambios.
En
muchos países en desarrollo de regiones áridas
y semiáridas, el acceso al agua potable serÁcada
vez más difícil (en la actualidad, más
de 1.000 millones de personas carecen de agua apta para
el consumo). Las enfermedades tropicales pueden propagarse
hacia el Norte, y las inundaciones seguramente se convertirán
en un grave problema para las regiones templadas y húmedas.
Mientras que en las latitudes medias y altas la producción
de alimentos podría verse facilitada, es probable
que en las zonas tropicales y subtropicales los rendimientos
de las cosechas disminuyan. Es posible que enorme cantidad
de gente se vea obligada a desplazarse por el aumento del
nivel del mar; sólo en Bangladesh, podrían
ser decenas de millones, y en las islas caribeñas
de litoral bajo, naciones enteras.
La
cantidad de dióxido de carbono que un país
emite a la atmósfera depende principalmente del tamaño
de su economía, de su nivel de industrialización
y de la y de la eficiencia con que usa la energía.
Si bien los países
en desarrollo albergan a la mayor parte de la población
mundial, su producción industrial y consumo de energía
per cápita son relativamente reducidos. Por ello,
hasta hace poco tiempo no había muchas dudas de que
los países desarrollados eran los principales responsables
del peligro de calentamiento de la Tierra (Mapa
14.1; Gráficos 14.1 y
14.2).
Estados
Unidos es el país que más incide en el calentamiento
de la atmósfera. A pesar de que sus habitantes representan
sólo el 4% de la población mundial, produce
casi el 25% de las emisiones mundiales de dióxido
de carbono. Recientemente, China desplazó a Rusia
del segundo lugar en cuanto al nivel general de emisiones;
no obstante, si se considera el volumen per cápita,
Rusia sigue muy por encima de China (véanse los Gráficos
14.1 y 14.2), lo cual se debe
no sólo a su alto grado de industrialización,
sino también a que muchas empresas rusas utilizan
tecnologías más antiguas y contaminantes que
las empleadas normalmente en los países desarrollados.
El uso extremadamente ineficiente de la energía es
uno de los mayores problemas económicos de Rusia.
Medida en función del producto interno bruto (PIB)
por unidad de uso de energía, la eficiencia rusa
es más de 5 veces menor que la de los Estados Unidos
y más de 12 veces menor que la del Japón.
Sólo cuatro países son más ineficientes
que Rusia en el uso de la energía, y todos ellos
son antiguos miembros de la Unión Soviética
(véase el Cuadro de datos 4).
El
vínculo entre crecimiento
económico y aumento del consumo de energía
—acompañado de un incremento en las emisiones
de dióxido de carbono— es directo y positivo
en los países de ingreso
bajo y de ingreso mediano. Pero con niveles de ingreso
elevados, hay indicios de una reducción del consumo
de energía per cápita y de la contaminación
per cápita a pesar del crecimiento económico
(véase el Cuadro de datos 4).
Ello ocurre porque la energía se utiliza con mayor
eficiencia y se introducen tecnologías menos contaminantes.
Además, una economía de ingreso alto tiene,
por lo general, un sector de servicios proporcionalmente
más grande, el cual requiere un uso menos intensivo
de la energía que el sector industrial (véase
el Capítulo 9).
Alemania
constituye un ejemplo para otros países desarrollados
en este sentido: entre 1980 y 1992, el uso de energía
per cápita descendió 11%, y sus emisiones
de dióxido de carbono per cápita, casi 20%.
En el mismo período, en los Estados Unidos el consumo
de energía per cápita se mantuvo estable y
las emisiones de dióxido de carbono per cápita
disminuyeron alrededor del 6%. Pero estos cambios no fueron
suficientes para detener el aumento de las emisiones de
dióxido de carbono de los países
de ingreso alto o para desacelerar el crecimiento de
las emisiones mundiales (véase el Cuadro
de datos 4). Para impedir el cambio climático
mundial, se necesitan los esfuerzos concertados de los gobiernos
de la mayor parte de los países.
En
la Cumbre para la Tierra celebrada en Rio de Janeiro, Brasil,
en 1992, las naciones desarrolladas acordaron tratar de
estabilizar, para el año 2000, las emisiones de gases
de efecto invernadero en los niveles de 1990. Para 1997,
cuando los representantes de 165 países se reunieron
en Kyoto, Japón, en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, era evidente que
muchos países —entre ellos los Estados Unidos—
estaban muy lejos de alcanzar ese objetivo. El Protocolo
de Kyoto, aprobado en la Conferencia con la intención
de ser jurídicamente obligatorio, exhorta a todas
las naciones ricas a reducir, para 2012, las emisiones de
gases de efecto invernadero de un 6% a un 8% por debajo
de los niveles de 1990.
Este
acuerdo se considera el compromiso mundial sobre medio ambiente
más ambicioso de la historia, aun cuando no contó
con la participación de los países en desarrollo.
La mayoría de éstos se niega a comprometerse
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pues
sostienen que una obligación semejante podría
dificultar su desarrollo económico e impedirles aliviar
la pobreza. Al mismo tiempo, varios países
con economía en transición se han sumado
a los esfuerzos de los países desarrollados. Rusia
y Ucrania, por ejemplo, han afirmado que no superarán
sus emisiones de gases de efecto invernadero de 1990, mientras
que Hungría y Polonia han prometido reducirlas hasta
un 6% por debajo del nivel alcanzado ese año.
Se
espera que los países desarrollados encabecen los
esfuerzos por evitar el cambio climático mundial,
si bien lo más probable es que, en menos de 20 años,
los principales emisores de dióxido de carbono sean
los países en desarrollo. Pero transcurrirán
mucho más de 20 años hasta que el consumo
de energía per cápita de los países
en desarrollo sea similar al consumo actual de los países
desarrollados. Por ello, si hemos de ser equitativos, debemos
admitir que los países pobres de hoy en día
tienen todo el derecho de seguir contaminando la atmósfera.
¿Pero es sensato adoptar un modelo de desarrollo
que ha demostrado ser insostenible? ¿Y es verdad
que los problemas ambientales no se pueden solucionar sin
impedir el crecimiento económico de los países
pobres? Muchos analistas consideran que cuanto antes estos
países aprovechen las tecnologías de producción
menos contaminantes y los medios más eficientes de
generar y utilizar energía, mejores serán
sus perspectivas de desarrollo a largo plazo.
Supongamos
que, por una cuestión de equidad, cada persona de
la Tierra tiene el mismo derecho a beneficiarse de la atmósfera,
considerada como recurso. En tal caso, las cuotas de emisión
de dióxido de carbono de cada país deberían
determinarse de acuerdo con el tamaño de la población.
Los países de ingreso bajo no habrían alcanzado
aún sus cuotas y tendrían derecho a seguir
emitiendo dióxido de carbono. Pero los países
de ingreso mediano e ingreso alto ya las habrían
agotado (compárense los Gráficos
2.2 y 14.3).
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